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Avanzando por el Camino Correcto

Entrado el mes de mayo, el matrimonio igualitario es un tema que se ha avivado en la sociedad costarricense. Dicho tema ha generado controversia y posiciones encontradas, todas versando sobre presuntos aspectos jurídicos que permiten

Entrado el mes de mayo, el matrimonio igualitario es un tema que se ha avivado en la sociedad costarricense. Dicho tema ha generado controversia y posiciones encontradas, todas versando sobre presuntos aspectos jurídicos que permiten o imposibilitan dicha figura.

Sin expresar una posición, me permitiré realizar algunos aportes jurídicos desarrollados por la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos respecto a dicho tema.

Para el año 2006, la Sala Constitucional de Costa Rica, mediante sentencia 2006-7262 se refirió sobre la constitucionalidad del artículo 14 del Código de Familia (artículo que señala impedimentos legales para el matrimonio), indicando lo siguiente:

“IX.- Ausencia de normativa para regular las uniones homosexuales. De acuerdo con el análisis realizado, la Sala concluye que la imposibilidad legal para que personas del mismo sexo contraigan matrimonio, contenida en el inciso 6) del artículo 14 del Código de Familia, no lesiona el principio de libertad previsto en el artículo 28, ni el contenido del numeral 33, ambos de la Carta Política, toda vez que las parejas heterogéneas no están en la misma situación que las homosexuales. De manera que, ante situaciones distintas, no corresponde otorgar igualdad de trato…” (El Subrayado y la cursiva no son del original)

Cuatro años después, la misma Sala resolvió un recurso de amparo debido a un conflicto existente entre la comunidad diversa y diversos grupos de heterosexuales, siendo que el segundo grupo buscaba la aplicación de un referendo (sometimiento popular mediante elección) para discutir sobre el matrimonio igualitario. En dicha ocasión, mediante resolución 13313-2010, la Sala Constitucional señaló:

“…Sobre el particular, resulta evidente que una resolución, como la impugnada, que autoriza la recolección de firmas para la convocatoria de un referéndum de iniciativa ciudadana para aprobar o improbar el proyecto legislativo de unión civil entre personas del mismo sexo, aunque, en apariencia, absolutamente congruente con el ordenamiento jurídico –sobre todo con una interpretación gramatical o literal- se transforma, a la postre, en una clara y evidente práctica discriminatoria, por cuanto, supone someter al dictamen de una mayoría si un grupo minoritario obtiene o no el reconocimiento de ciertos derechos –aunque sean de origen legal o infra constitucional-. De otra parte, se utiliza una figura e institución de una profunda vocación democrática y participativa, con el fin de desconocer eventuales derechos de un grupo discriminado, lo que deviene en un fraude a la Constitución y a la ley, puesto que, se emplea un instituto absolutamente conforme con el ordenamiento jurídico para fines distintos de los que se propone, que es lograr una mayor participación democrática directa del pueblo soberano en la adopción de las políticas legislativas. Fraude que resulta más evidente y palpable cuando el referéndum es promovido por grupos que pertenecen a la mayoría y adversan abiertamente la reivindicación de los derechos de una minoría…” (El subrayado y la cursiva no son del original)

Respecto a esta ultima resolución, podemos denotar una protección superior a principios fundamentales, principalmente el principio de autonomía de la libertad. Esta resolución realmente demuestra una situación que brinda señales de la apertura legal costarricense respecto a los derechos de las personas sexualmente diversas.

Posteriormente, se dieron un par de situaciones jurídicas relevantes para el avance en este tema:

  1. La opinión consultiva OC-24/17 Solicitada por la Republica de Costa Rica a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y
  2. La resolución 12782-2018 de las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos del ocho de agosto de 2018.

SOBRE LA OPINION CONSULTIVA EN EL TEMA EN CUESTION

Dicha opinión fue solicitada por el Gobierno de Costa Rica y versó principalmente sobre temas de identidad de género, además de solicitarse a la Corte que se refiriera sobre la necesidad de alguna figura jurídica que regulara los vínculos entre personas del mismo sexo.

Dentro de los aportes más relevantes dados por la Corte Interamericana, podríamos enumerar los siguientes:

  1. Recuerda a los estados que la Convención no señala un concepto único de familia.
  2. Destaca importancia de que todos los tipos de familia reciban protección estatal.
  • Recalca la protección de la convención a la familia tanto para el hombre, como de la mujer, sin embargo, la definición de familia no sería restrictiva.

Adicionalmente, realizó aportes importantes para una eventual regulación de dicha figura, indicando lo siguiente:

“224. Asimismo, a consideración del Tribunal, crear una institución que produzca los mismos efectos y habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre carece de cualquier sentido, salvo el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que indique una diferencia sino estigmatizante, o por lo menos como señal de subestimación. Conforme a ello, existiría el matrimonio para quienes, de acuerdo al estereotipo de heteronormatividad, fuesen considerados “normales” en tanto que otra institución de idénticos efectos pero con otro nombre, se indicaría para quienes fuesen considerados “anormales” según el mencionado estereotipo. Con base en ello, para la Corte, no es admisible la existencia de dos clases de uniones solemnes para consolidar jurídicamente la comunidad de convivencia heterosexual y homosexual, ya que se configuraría una distinción fundada en la orientación sexual de las personas, que resultaría discriminatoria, y por tanto incompatible con la Convención Americana.” (El subrayado la negrita y la cursiva no son del original)

En cuanto a los aporte de la Corte mediante dicha consulta, las mismas son de carácter obligatorio a los signatarios del Tratado, razón por la cual Costa Rica quedo sujeto a la aplicación de esta.

SOBRE LA RESOLUCION 12782-2018 DE LA SALA CONSTITUCIONAL

Como consecuencia de lo resuelto por la CIDH, la Sala mediante la resolución indicada señaló nuevamente sobre la constitucionalidad del artículo 14:

“El impedimento estatuido en el inciso 6) del numeral 14 del Código de Familia, impugnado en esta acción, resulta inconstitucional por violación al derecho a la igualdad, cobijado en los artículos 33 de la Constitución Política y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por un lado, la norma cuestionada se traduce por sí misma en una prohibición para el matrimonio entre personas del mismo sexo, negándoseles con base en su orientación sexual el acceso a tal instituto; por otro, de manera refleja afecta la posibilidad de que las parejas del mismo sexo accedan a la figura de la unión de hecho, toda vez que el ordinal 242 del Código de Familia se refiere a la “…aptitud legal para contraer matrimonio…”, con lo que remite a las imposibilidades legales del numeral 14, entre ellas la que es objeto del sub examine…” (El subrayado y la cursiva no del original)

Teniendo ya en cuenta la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código de Familia, continuó indicando la Sala:

“…se insta a la Asamblea Legislativa, en el uso de su función legislativa constitucionalmente asignada, a que en el plazo de 18 meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, adecue el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo, en los términos expuestos en esta sentencia…” (El subrayado y la cursiva no son del original)

El plazo ha llegado, actualmente nos encontramos rondando el día 26 de mayo de 2020 y con ello, ante la falta de legislación por parte del poder legislativo, las personas podrán tener acceso a derechos tan básicos como lo es poder generar bienes gananciales o una pensión. Felicidades a todos aquellos que se encuentran a un paso mas de la igualdad. Ojalá nunca olvidemos nuestro deber de devolver con dignidad los derechos a quienes por ignorancia les fueron arrebatados.

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mrodriguez@outlierlegal.com

Legal Analyst with more than 5 years of experience solving problems in various areas such as immigration, business, and real estate.

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